El sector reclama una ley de emergencia para frenar la caída y preservar empleo
En los últimos dos años, el entramado productivo argentino sufrió el cierre de casi 25.000 pequeñas y medianas empresas, lo que refleja una crisis de magnitud inédita. A este panorama se suma un incremento alarmante de los concursos preventivos: en 2025 se registraron 190, un 131% más que en 2023, y en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizan 92, cifra que se acerca a los niveles más críticos de la pandemia. El sector industrial advierte que la capacidad instalada se encuentra con un 40,2% de ociosidad, mientras que la inversión extranjera muestra un saldo negativo por primera vez en más de dos décadas, con multinacionales retirándose del país.
Ante esta situación, Industriales Pymes Argentinos reclama al Congreso la sanción de una Ley de Emergencia Económica. La propuesta busca replicar medidas de la Ley 25.563, como la suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, la extensión de períodos de exclusividad y la facilitación de soluciones preventivas. El objetivo es otorgar tiempo a las empresas para recomponer su capital de trabajo y evitar un colapso mayor. Los dirigentes del sector sostienen que el daño al tejido productivo y social es profundo y que la urgencia no admite debates ideológicos, sino respuestas concretas para preservar empleo y producción.
La conclusión es clara: sin medidas inmediatas, el cierre masivo de PyMEs amenaza con desarticular el entramado económico nacional. La ley de emergencia aparece como un recurso imprescindible para frenar la caída, aunque se reconoce que la recuperación dependerá también de mejoras en el empleo, el salario real y el consumo interno.
