Una iniciativa en la Legislatura mendocina busca aplicar multas dos veces mayores a las previstas para ciudadanos comunes.
Un proyecto ingresó a la Legislatura de Mendoza para endurecer las sanciones contra empleados y funcionarios públicos sorprendidos al volante con alcohol en sangre. La medida, impulsada por el diputado Edgardo Civit Evans del Partido de los Jubilados, establece que la multa económica sea el doble de la correspondiente a cualquier conductor común.
La propuesta surge debido a múltiples casos recientes protagonizados por personal de diferentes organismos estatales. La normativa abarca a los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, incluyendo tanto a cargos electivos como a designaciones jerárquicas y de la administración central o descentralizada.
Evans detalló que la finalidad es exigir mayor responsabilidad institucional y disuadir estas faltas. La iniciativa ya comenzó su análisis en comisiones parlamentarias, sin alterar las inhabilitaciones de licencias u otras penalidades vigentes.
