El sector agrícola de General Alvear atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años, y el problema no es climático ni productivo: es financiero y estructural. La brecha entre lo que cuesta producir y lo que se cobra por lo producido se ensanchó hasta un punto que resulta insostenible.
El primer nudo es el crédito. Las tasas de interés prometieron bajar y en cambio treparon hasta el 60% o 70% en el peor momento del último año electoral. Hoy, con una línea del Banco Nación en el orden del 18%, la mejora es real pero insuficiente: para una actividad que inmoviliza capital durante años —una plantación de tomate, una finca con riego por goteo— financiarse a esas tasas sigue siendo, en la práctica, casi imposible. A esto se suma la desaparición de las líneas subsidiadas para daño climático que existían hasta hace pocos años, justo cuando el productor más las necesita.
El segundo nudo es el desfasaje entre costos y precios. En apenas tres años la inflación acumulada rondó el 200%, la mano de obra rural aumentó entre 50% y 60% y el combustible dejó de estar subsidiado. Sin embargo, el precio de venta de la fruta y las hortalizas se mantiene, en términos nominales, igual al de hace tres o cuatro años. El resultado es un productor que trabaja con tecnología de punta y aun así termina la temporada sin cubrir sus costos.
El caso del tomate ilustra el problema con particular claridad. Una hectárea sembrada con riego tecnificado y tierra virgen puede generar trabajo genuino para decenas de personas durante la temporada. Pero esa producción hoy compite con pulpa de tomate importada desde Turquía, más barata incluso que la que se consigue en Chile. Cuando comprar afuera sale más barato que producir adentro, el incentivo económico deja de acompañar a la actividad, y con él se pierde no sólo la producción, sino el empleo genuino que generaba.
La comparación internacional aporta una tercera pista. En países con tradición agrícola consolidada —Italia, España— los créditos para infraestructura productiva se otorgan a 30 años con 5 de gracia, plazos acordes al tiempo real que tarda una finca en empezar a rendir. En Argentina, las líneas equivalentes rara vez superan los 10 años, con apenas dos de gracia y con intereses corriendo desde el primer desembolso. Es una diferencia de diseño financiero y explica buena parte de por qué capitalizar una finca acá cuesta tanto más que en esos países.
Un cuarto elemento igual de determinante es la eficacia del sistema de defensa antigranizo. La evidencia disponible indica que la aviación antigranizo reduce el daño por piedra hasta en un 90% cuando opera a tiempo; los años de mayor pérdida coinciden, sistemáticamente, con demoras o ausencias del operativo. Sostener y mejorar ese sistema es, en términos de relación costo-beneficio, una de las políticas más eficientes disponibles para el sector.
Frente a este panorama, el reclamo central del sector no es por asistencialismo. Es por previsibilidad: tasas razonables y accesibles ante daños climáticos, control efectivo sobre la competencia desleal de productos importados subfacturados y condiciones macroeconómicas estables que permitan planificar más allá de una cosecha. La distinción es relevante porque suele perderse en el debate público: no se trata de pedir que el Estado regale nada, sino de que garantice reglas de juego parejas y sostenidas en el tiempo.
Mientras esa brecha no se cierre, ningún dato macro alcanza para sostener una actividad que no espera: la fruta madura, la planta hay que regarla y el crédito hay que devolverlo, todos los años, haya o no haya recuperación en el horizonte.
