El municipio de General Alvear demoró casi un año en cancelar una compra de mercadería realizada semanas antes de las elecciones. El caso abre interrogantes sobre el destino de los alimentos y el uso de fondos públicos durante la campaña.
Hay fechas que obligan a mirar dos veces un expediente. En este caso, la clave está en septiembre de 2025.
El 12 de septiembre, la Municipalidad de General Alvear emitió la Orden de Compra N°3501 para adquirir módulos de mercadería destinados a la Dirección de Contingencias Sociales. Seis días después, el 18 de septiembre, el proveedor entregó aceite, arroz y harina por un monto total de $17.885.000.
La elección legislativa se realizó el 26 de octubre. Es decir, la entrega de esa mercadería se produjo apenas 38 días antes de los comicios en los que también se elegían concejales en General Alvear.
El municipio, sin embargo, no tuvo la misma rapidez para pagar.
El proveedor debió hacer una serie de reclamos y finalmente logró terminar de cobrar esta semana la última de las cuotas. Una primera en marzo de 2026, otra en julio y la última recién el 8 de septiembre, prácticamente un año después de haber entregado la mercadería. La demora terminó derivando en un reclamo administrativo contra la comuna.
La explicación oficial fue que el pago respondió al “ritmo del gasto” municipal y que este tipo de demoras son habituales.
Pero la pregunta política es otra: ¿qué ocurrió con esos módulos de mercadería durante las semanas previas a las elecciones?
El expediente establece que tenían como destino la demanda espontánea de la Dirección de Contingencias Sociales. La cercanía entre la compra, la entrega y los comicios obliga a determinar dónde terminaron esos productos, quiénes los recibieron y bajo qué mecanismo fueron distribuidos.
No alcanza con saber que finalmente se pagaron. También corresponde conocer si recursos del Estado municipal fueron utilizados para asistencia social o si, directa o indirectamente, terminaron formando parte de una estructura de apoyo electoral al oficialismo local.
Porque cuando las cuentas municipales están en rojo, el proveedor espera y el Estado demora en pagar, la discusión ya no es solamente administrativa. También es política.
