La lucha antigranizo no es un favor que la provincia le hace a los productores del sur mendocino: es una obligación.
Mientras la gestión de Cornejo juega al desgaste entre los municipios vecinos y evita aportar recursos reales para la lucha, las semanas pasan y las tormentas están cada vez más cerca. En el medio, mandan al intendente de Alvear, Alejandro Molero, a cumplir la función de vocero de la provincia sin aportar una solución real.
Mendoza cuenta con los recursos técnicos y financieros para sostener un sistema de mitigación que, está estadísticamente comprobado, protege tanto a quienes viven del cultivo como a quienes simplemente habitan en zonas urbanas expuestas a las tormentas.
El granizo no distingue entre una finca y una casa de barrio; por eso la responsabilidad de garantizar ese servicio tampoco debería fragmentarse según el mapa político.
La nota enviada desde San Rafael al Ministro de Producción el pasado 7 de septiembre expone además una asimetría clave: los costos que la provincia pretende trasladar —combustible, pilotos, traslados, viáticos, repartidos 70% para San Rafael y 30% para Alvear— son, para las arcas provinciales, una cifra menor dentro de un presupuesto mucho más amplio, mientras que para los municipios, esa misma suma representa un recargo desproporcionado sobre presupuestos sensiblemente menores, con mucho menos margen para absorber este tipo de costos.
Ahí está el verdadero desequilibrio: lo que a la provincia le resulta prácticamente indiferente en términos fiscales, para San Rafael y Alvear puede significar resignar otras partidas esenciales.
Mientras los intendentes discuten entre sí cómo repartirse esa carga, la pregunta de fondo —por qué el gobierno de Alfredo Cornejo delega en los municipios más chicos un costo que para la provincia es insignificante— la situación queda relegada a la negativa automática y cuasi caprichosa de un ministro indiferente.
