La reforma del Código Procesal Civil entra en vigencia y permite al organismo recuperar viviendas sociales con un trámite más rápido.
El Gobierno de Mendoza promulgó la ley que modifica el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario con el objetivo de acelerar los juicios de desalojo impulsados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La normativa establece que las resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el organismo tendrán carácter de título suficiente para iniciar la demanda civil, lo que habilita la restitución inmediata de los inmuebles.
La reforma introduce el juicio monitorio como herramienta procesal, equiparando el trámite al de desalojos por falta de pago o vencimiento de contratos de locación. De esta manera, el IPV solo deberá presentar la resolución firme que dispone la quita de la vivienda y la orden de restitución, evitando dilaciones en los plazos judiciales.
Un aspecto clave de la nueva ley es que la interposición de recursos administrativos por parte de los adjudicatarios afectados no suspenderá automáticamente el proceso ni paralizará el desalojo. Solo la propia autoridad del IPV o la Suprema Corte de Justicia podrán ordenar la suspensión en casos específicos.
Con esta reforma, el organismo habitacional contará con una vía judicial directa y preferencial para recuperar las propiedades sociales, fortaleciendo la gestión de adjudicaciones y desadjudicaciones en la provincia.
