La mina de uranio en San Rafael podría abastecer al país y convertir a Argentina en exportador, pero enfrenta serios desafíos ambientales y sociales.
Ubicada a 55 kilómetros de San Rafael, la mina de Sierra Pintada concentra la atención del Gobierno nacional y provincial. El presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo consideran que su reactivación es clave para el Plan Nuclear Argentino, con el objetivo de dejar de importar uranio de Kazajistán y garantizar el suministro a las centrales nucleares que generan el 10% de la energía del país.
El yacimiento aún tendría más de 10.000 toneladas de uranio disponibles, esto es un 80% de su capacidad total estimada. Sin embargo, la Justicia exige completar la remediación ambiental de los pasivos dejados por la explotación entre 1975 y 1997, que nunca se concretaron en profundidad.
El desafío ahora es combinar esa tarea con la producción, bajo control de la Comisión Nacional de Energía Atómica y con participación privada.
La UNCuyo audita los trabajos de saneamiento, que incluyen tratamiento de aguas contaminadas y residuos sólidos. El debate se centra en la aplicación de la Ley 7.722, que prohíbe el uso de ácido sulfúrico, y en la necesidad de obtener licencia social en la región.
Si logra avanzar, Sierra Pintada podría convertirse en un motor económico y estratégico para Mendoza y para el país, pero si no se efectúa con los recaudos establecidos por ley, también sería un foco de conflicto permanente con entidades ambientalistas y un serio riesgo para la salud de la región.
