La Legislatura sancionó una ley que permite al IPV recuperar con mayor rapidez las casas adjudicadas en mora o uso irregular.
La provincia de Mendoza cuenta desde ahora con una herramienta legal que agiliza los procesos de desadjudicación y desalojo de viviendas sociales. La Legislatura aprobó una reforma que modifica la Ley Nº 4203 y habilita al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a promover juicios de desalojo una vez firme la desadjudicación.
La normativa también introduce cambios en la Ley Nº 9001 y en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, otorgando competencia a la Justicia de Paz Letrada para intervenir en estos casos. El objetivo es reforzar el carácter social de las viviendas construidas con fondos públicos y asegurar que beneficien a familias en situación de necesidad habitacional.
El presidente del IPV, Gustavo Cantero, destacó que la ley permitirá actuar con mayor rapidez frente a incumplimientos y garantizar que las casas cumplan la función social para la que fueron creadas. En paralelo, el organismo mantiene controles y auditorías en toda la provincia: durante 2025 se iniciaron 658 expedientes y en lo que va de 2026 ya se abrieron 413, con 28 viviendas desadjudicadas.